Alfredo Pérez Rubalcaba se propone impulsar la lucha y concienciación contra los “delitos de odio y discriminación” mediante una reforma del Código Penal y la creación de una Fiscalía específica si llega al Palacio de La Moncloa.
“Consideramos necesario impulsar la aprobación definitiva de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, promover la sensibilización social preventiva y la movilización ciudadana contra los delitos de odio y la discriminación, la creación de una Fiscalía especializada en esta materia, e impulsar la creación de servicios de orientación a las víctimas de discriminación y de delitos de odio”, reza el documento del PSOE.
Asimismo, en el escrito se detalla que “promoveremos las reformas legislativas oportunas que posibiliten instar la ilegalización de aquellas organizaciones y partidos políticos que vulneren sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales mediante la difusión de ideas de odio ideológico, la incitación pública o mediante actividades de propaganda organizada”.
“Particularmente, se hace necesaria una nueva redacción del artículo 510 del Código Penal para adaptarlo a las exigencias de la Decisión Marco de la Unión Europea 2008/913, sustituyendo el término “provocación” por el de “incitación pública”, y la reformulación del artículo 607, haciendo posible la ampliación de su contenido y el respeto a la doctrina marcada por el Tribunal Constitucional”, prosiguen.
En concreto, el artículo 510 del Código Penal señala que “los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses”.
A su vez, añade que “serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía”.
Por otra parte, el documento también contempla la creación de una Observatorio de la Laicidad y una nueva Ley de Libertad Religiosa que no se concreta en modo alguno. Ahora bien, a la luz de los polémicos precedentes de las dos últimas legislaturas ante las manifestaciones públicas de la fe o arraigadas tradiciones nacionales (por ejemplo, algunas de las Fuerzas Armadas) no resulta aventurado pensar en posibles fricciones con la Iglesia católica.
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